De acuerdo con el análisis de la Fundación Myrna Mack, "la inestabilidad institucional y el aumento de la confrontación caracterizan la situación actual", el reciente caso del espionaje ocurrido al presidente Álvaro Colom, constituye quizá la evidencia más clara e incontestable de que la institucionalidad de Guatemala afronta una etapa de fragilidad extrema.

El análisis señala que el Gobierno al inicio de su gestión contaba con tres flujos de poder paralelo liderados por la esposa del presidente, Sandra Torres; el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos (financista), y el ex secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), Carlos Quintanilla.

Sin embargo, "la destitución de Quintanilla, y el nombramiento de Ricardo Marroquín Rosada como nuevo SAAS, brindan un nuevo respiro político en los temas de seguridad e inteligencia. Al menos, se frenan un poco las presuntas conspiraciones contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, cuya gestión ha tenido algunos logros en casos de alto impacto", concluye el documento.

El informe da cuenta que, la salida de Quintanilla dejó la vía libre para que otros grupos no tan poderosos, que antes tenían poco margen de maniobra, ahora encuentren espacio para tratar de incidir. "Una de esas corrientes es la que agrupa a funcionarios como Orlando Blanco, secretario de la Paz, y algunos periodistas que trabajan en y alrededor de la Secretaría de Comunicación Social, que ahora han podido promover ciertas decisiones".

Por otra parte, la Fundación también critica los 20 cambios registrados de enero a agosto en ministerios e instituciones del Estado, así como las presiones tras las renuncias forzadas de funcionarios como Mario Gordillo, ex procurador general de la Nación; Willy Zapata, ex superintendente de Bancos; Carolina Roca, ex jefa de la SAT, y Juan Luis Florido, del Ministerio Público (MP); "porque la mayoría habían sido electos para un periodo determinado y creaban el poder cruzado".

La Fundación concluye, que habría que afirmar que los problemas de corrupción, impunidad, crimen organizado, delincuencia común, maras y violencia de todo tipo se convierten en los principales factores que han determinado las dinámicas políticas y sociales en el actual contexto nacional; a los cuales se le suman, de forma contundente, los problemas propios de la crisis económica y financiera que afectan no sólo a la población guatemalteca, pues la crisis es de escala mundial.