Por Lorena Seijo

En el 2007 fueron asesinados tres mil 60 jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. El Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (Caldh), que elabora un archivo de los casos, asegura que al menos el 30 por ciento de estas muertes se trata de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad del Estado o por grupos civiles de seguridad.

Aunque las cifras de jóvenes asesinados en el 2008 no han sido proporcionadas en forma oficial, Caldh calcula que la tendencia se mantiene.

En este 30 por ciento de casos se observan tres patrones que coinciden: los jóvenes fueron torturados, recibieron el tiro de gracia o fueron estrangulados, y antes de su muerte fueron secuestrados cerca de sus viviendas, y después trasladados a un descampado lejano. En muchos de los hechos, los cadáveres han aparecido incluso en otros departamentos.

"Para este tipo de crímenes hace falta logística; mínimo, un vehículo, y la tortura indica que probablemente se les quería sacar información. Coincidentemente, a pesar de que muchos de ellos no tenían antecedentes penales, la Policía asegura, al encontrar los cuerpos, que se trata de robacarros, extorsionadores o asaltantes, pero la investigación nunca lo determina", afirmó Ábner Paredes, encargado de la defensa de los derechos de los jóvenes, de Caldh.

Por lo regular, la muerte se le achaca arbitrariamente a grupos criminales rivales.

Un caso que ejemplifica con claridad este tipo de muertes es el asesinato de tres jóvenes de Amatitlán, el 10 de agosto último.

Eliázar Hernández, de 22 años; Mario Gámez, de 23, y Juan Navarro, de 18, aparecieron en un descampado de Palín, con claras señales de tortura, heridas de arma blanca y con el tiro de gracia, después de haber sido secuestrados frente a sus casas, por hombres que se transportaban en vehículo.

Los tres jóvenes, de escasos recursos, llevaban una vida muy normal. Hernández trabajaba de soldador en una herrería de la capital; Gámez laboraba con su padre como albañil, y Navarro reparaba electrodomésticos y estudiaba un técnico en electricidad. En su tiempo libre, los tres colaboraban con la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), que se dedica a la promoción de liderazgo juvenil. "Eran buenos muchachos, que ayudaban a otros jóvenes y que no se metían en problemas", asegura Paúl Menchú, de ACJ.

El domingo fatídico, luego de haber salido de una reunión en la ACJ, se dirigieron a la casa de uno de ellos. A eso de las 23 horas recibieron una llamada y los tres salieron a la calle, en la moto de Gámez. Según testigos, un grupo de hombres que los esperaba en un ve- hículo se los llevó por la fuerza.

Al día siguiente, al aparecer los cadáveres, en una finca de Palín, Escuintla, agentes de la comisaría de ese municipio se apresuraron a informar que los jóvenes eran robamotos y que por eso los habían matado. Ninguno de los tres tenía antecedentes penales, y la motocicleta en la que se movilizaban era pagada a plazos por Gámez.

El entonces subdirector de la Policía, Henry López, afirmó al día siguiente, en una emisora radial, que se había tratado de un "ajuste de cuentas". Aunque el caso es investigado por la Fiscalía de Escuintla, aún no se ha identificado a los responsables.

A Caldh no le preocupan solo las muertes violentas, sino también las detenciones sin fundamento. Durante el 2007 fueron aprehendidos 21 mil 994 jóvenes, pero en la mayoría de los casos fueron dejados en libertad, por falta de mérito, o en juicio no se consiguió probar su culpabilidad.