Como un enfermo que no sigue el tratamiento recomendado calificó Carlos Castresana, titular de la CICIG, la actitud de los organismos del Estado que no atienden las recomendaciones para fortalecer la seguridad y justicia. "Guatemala es un país que se muere", indicó el comisionado al reprochar el desborde de muertes violentas en el país y la escasa cantidad de sentencias emitidas para sancionar estos crímenes.

El jefe de la CICIG fue entrevistado en "A primera hora", de Emisoras Unidas, donde dijo que si quienes dirigen el Ejecutivo, el Congreso y el Organismo Judicial (OJ) no reaccionan, el país será "un Estado caótico, en manos de las organizaciones criminales".

El jurista indicó que durante 2009 fueron asesinadas 6,451 personas, y el OJ sólo dictó 230 sentencias en casos de delitos contra la vida. "Se les acumula el trabajo. Hay 6,200 asesinos que han quedado en la calle para seguir matando en 2010", enfatizó.

"Es un disparate, son cifras de guerra civil y las autoridades no hacen nada o casi nada, y la sociedad tampoco; se han resignado a vivir en un país donde te matan por subir a un autobús", expresó Castresana, al señalar que en el departamento de Guatemala asesinan a 90 personas por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Refirió estar "cansado" de repetir a los encargados de los citados organismos cuál es la medicina de la enfermedad: dar seguridad a los jefes, aprobar las leyes recomendadas y dotar de más recursos a las instituciones.

"Hemos hecho recomendaciones, desde hace muchísimo tiempo, que son sensatas, que son factibles, que son razonables, no estamos pidiendo milagros", enfatizó Castresana, al poner como ejemplo que para duplicar la cantidad de integrantes de la Fiscalía Especial de la CICIG le han pedido al presidente Álvaro Colom 700 mil quetzales, pero los fondos no han sido asignados.

El jefe de la CICIG también reprochó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Érick Álvarez los haya "regañado" por ofrecer seguridad a jueces que llevan casos de alto impacto. "Sale el Presidente de la Corte Suprema quejándose de que la CICIG está protegiendo a los jueces; perdóneme si les estamos haciendo el trabajo; hágalo usted y verá cómo no necesitamos hacerlo nosotros, pero no podemos dejar que los maten", enfatizó Castresana.

"La función de la CICIG es investigar y acusar, hasta ahí; no es conveniente que esté dando seguridad a los jueces; no hagan cosas buenas que parezcan malas", dijo Álvarez, al agregar que el OJ puede dar seguridad a quien lo pida.

"Tampoco se tiene que dar seguridad a todos los jueces, se les dio a los de alto impacto; nadie ha dicho que no la podemos dar, y si no podemos, se solicita a la Policía o la comunidad internacional", apuntó Álvarez.

Roberto Alejos, presidente del Legislativo, aseguró que durante 2009 las bancadas y él dieron todo el apoyo a las propuestas de la CICIG. Recalcó: "El Congreso debe trabajar en función de las leyes de seguridad; estoy preocupado, como Castresana, en los temas de justicia".