La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) responsabilizó este viernes a las autoridades del Estado por la muerte de pilotos e incremento de la violencia, solicitó la aprobación de varias leyes y criticó la exclusión de sectores de la población en temas como minería y reforma fiscal.

El pronunciamiento se produjo tras una reunión con el presidente Álvaro Colom, en la sede de la Conferencia Episcopal.

Asesinatos, minería, grupos clandestinos, impuestos, leyes y hasta los programas del Consejo de Cohesión Social fueron los asuntos que discutieron los obispos en su asamblea anual.

El mandatario explicó que se reunió con los obispos para agradecerles el apoyo en los "meses difíciles" -en referencia a la crisis política generada por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el 10 de mayo del 2009, así como tratar una agenda de temas diversos, como desarrollo rural, narcotráfico y seguridad; por su parte, los religiosos afirmaron que dialogaron con Colom sobre los males que aquejan al país.

"Pilotos de autobuses, mujeres y familias enteras han sido asesinadas, en algunos casos de modo salvaje y extremadamente cruel. La cantidad de linchamientos ha aumentado. (...) Sin duda hay responsabilidad de las autoridades del Estado", expresó monseñor Bernabé Sagastume, secretario general de la CEG.

Al respecto, exigieron el inmediato cumplimiento del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, y la aprobación -por parte del Congreso- de varias leyes que solicitó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La CEG considera que el diálogo para una reforma fiscal se limitó al sector privado con el Gobierno, cuando se debe integrar a toda la población. El mandatario sostuvo esta semana varias reuniones con representantes de las cooperativas y organizaciones campesinas, para invitarlas a participar en el diálogo con el empresariado.

"La necesidad y conveniencia de una profunda y verdadera reforma fiscal quedó restringida a los representantes de la iniciativa privada y el Gobierno. Se puso en evidencia la resistencia que existe en muchos sectores de la población a cumplir con la responsabilidad de pagar impuestos", agrega el documento que los obispos denominaron Vivamos la caridad en la verdad.

Ante ello, la instancia rectora de la Iglesia Católica en el país recomendó al Ejecutivo que la imposición de los tributos sea hecha con racionalidad y equidad, y que la administración y destino de los recursos públicos se realice con "rigor e integridad".

Además, los obispos le exigen al Congreso implementar las recomendaciones de la Comisión de Transparencia, en cuanto a la actividad minera.

Elogiaron la resolución de la Corte Suprema de Canadá que ordena a las compañías mineras de esa nación presentar estudios de impacto ambiental más completos, medida que alcanza a las que operan en Guatemala.